Novedades de la reforma laboral con incidencias en el ambito fiscal

Novedades de la reforma laboral con incidencia en el ámbito fiscal
MF 61, 62, 63, 64, 65, 76
MIRPF 843, 845, 850, 853, 865, 915
ET art.40.1, 2 y 5, 41, 50.1.a, 51 y 56.1 redacc RDL 3/2012 art.11, 12, 18.tres y 18.siete, BOE 11-2-12;
RDL 3/2012 disp.trans.5ª y disp.trans.6ª, BOE 11-2-12
De entre las medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, destacamos por su incidencia en el ámbito fiscal, el importe de la cuantía exenta de la indemnización por despido improcedente que se fija, desde el 12-2-2012, en 33 días por año de servicio, con un límite de 24 mensualidades.
En cuanto a las novedades de la reforma laboral que entran en vigor el 12-2-2012 y que pueden tener incidencia en el ámbito fiscal, destacamos exclusivamente las siguientes:
a) Movilidad geográfica: el traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requiere la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, matizándose que se considerarán como tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.
b) Modificación sustancial de condiciones de trabajo: la dirección de la empresa puede acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, matizándose que se considerarán como tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.
Tienen la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, y funciones, cuando excedan de los límites previstos para la movilidad funcional. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual debe ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad y en todos los supuestos señalados (excepto para el caso de sistema de trabajo y rendimiento) si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses. Dicha indemnización está exenta del IRPF.
Por su parte, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente (esto es, desde el 12-2-2012, 33 días de salario por año de servicio, con un límite de 24 mensualidades), las cuales están exentas del IRPF, en los supuestos en que concurran causas justas que permitan que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, como son las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el ET art.41 redacc RDL 3/2012 que redunden en menoscabo de su dignidad, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado y cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en el ET art.40 y 41 redacc RDL 3/2012, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.
c) Despido colectivo: se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas, entendiéndose, en todo caso, que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Además se reforma el régimen jurídico de este despido colectivo, suprimiéndose la necesidad de autorización administrativa, manteniendo la exigencia de un período de consultas, pero sin exigirse un acuerdo con los representantes de los trabajadores.
d) Despido improcedente: en este caso, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades. El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. Por tanto, el importe de la indemnización que se entiende exento del IRPF se reduce de 45 a 33 días y el límite de 42 a 24 mensualidades.
Esta nueva indemnización será de aplicación a los contratos suscritos a partir del 12-2-2012. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a esta fecha debe calcularse a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior al 12-2-2012 y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior al 12-2-2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.
Los contratos de fomento de la contratación indefinida celebrados con anterioridad al 12-2-2012 continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se concertaron. No obstante, en caso de despido disciplinario, la indemnización por despido improcedente se calculará conforme a lo señalado anteriormente.
Además, se introducen modificaciones en las normas que aluden a los salarios de tramitación, manteniendo la obligación empresarial de abonarlos únicamente en los supuestos de readmisión del trabajador, bien por así haber optado el empresario ante un despido declarado improcedente, bien como consecuencia de la calificación de nulidad del mismo. En consecuencia, en caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación, que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

NOTA
Para los incentivos fiscales previstos en relación con el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, ver nº 3080 Memento Fiscal 2011.

(c) 2012 Ediciones Francis Lefebvre
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CESIÓN A LOS EMPLEADOS DEL INMUEBLE ARRENDADO ¿EL INMUEBLE ESTA EXENTO DE IVA?

Cesión a los empleados del inmueble arrendado
MFF 3945s.
HFA Álava 6-6-11
El arrendamiento de una vivienda a una sociedad que cede su uso a un empleado no está exento de IVA, dado que su destino directo no es el de vivienda.
Se plantea la posible exención en el IVA del arrendamiento de una vivienda por parte de una persona física a una empresa para el alojamiento de los empleados de esta última. En su respuesta la HFA analiza en primer lugar cuál es el hecho imponible, y con ello el concepto de empresario, recogidos ambos en la norma foral del impuesto (DFN Álava 12/1993). Así, han de quedar sujetas al IVA las prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso en el desarrollo de su actividad, habitual u ocasionalmente, siempre que estén dentro del ámbito espacial de aplicación del mismo. A este respecto, son empresarios o profesionales quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, y en particular, quienes arrienden un bien.
No obstante lo anterior, la misma norma declara exentos del impuesto los arrendamientos que, teniendo la consideración de servicios, tengan por objeto un inmueble destinado a vivienda, entendiendo esta, de acuerdo con la noción usual del término, como el edificio o parte del mismo destinado a habitación o morada de una persona física o de una familia, constituyendo su hogar o sede de su vida doméstica. Es decir, el arrendamiento de un inmueble, cuyo destino exclusivo es el de vivienda en principio está sujeto pero exenta del IVA.
La regulación de esta exención no tiene carácter objetivo, no es el bien que se arrienda el que determina su pertinencia, sino que se trata de una exención de carácter finalista, es decir, su aplicación depende del uso de la edificación. No obstante, aun siendo el uso efectivo del inmueble como vivienda un requisito necesario para la aplicación de la exención, no es, sin embargo, requisito suficiente, ya que dicho uso ha de realizarse necesaria y directamente por el arrendatario, consumidor final a efectos del IVA, y no por terceras personas.
Por tanto, cabe concluir que los arrendamientos de edificaciones, que a su vez son objeto de una cesión posterior por parte de su arrendatario en el ejercicio de una actividad empresarial, dejan de estar exentos en el IVA, y ello con independencia de que la posterior cesión de los mismos se realice en virtud de un nuevo contrato de arrendamiento o de otro título.
A este respecto, existe cesión posterior por el arrendatario en el ejercicio de una actividad empresarial y profesional:
- en la cesión por un empleador a favor de sus empleados o los familiares de estos;
- en la cesión para el ejercicio de una actividad empresarial o profesional; y
- en la cesión por cualquier otro título oneroso.
En el caso consultado, el arrendamiento de una vivienda por parte de una persona física a la sociedad que, a su vez, cederá el uso de la misma a sus empleados, estará sujeto y no exento del IVA aplicándose el tipo general del 18%, ya que, al ser alquilado el inmueble a una persona jurídica, su destino no puede ser nunca directamente el de vivienda

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Deducción por ampliación de prestamo hipotecario por adquisición de vivienda

Ampliación de préstamo hipotecario para adquisición de vivienda habitual
MF 1670
MIRPF 6715s.
MFI 2061
DGT CV 24-3-11
Si se sustituye un préstamo hipotecario por otro, tanto las cuotas de amortización del nuevo préstamo hipotecario, en la parte destinada a la cancelación del anterior, y sus correspondientes intereses, junto con la parte proporcional de los gastos de constitución del nuevo préstamo, dan derecho a deducción por adquisición de vivienda habitual. Distinto es el supuesto de cancelación, parcial o total, de la deuda y una posterior obtención de crédito, incluso constando como garantía los mismos bienes, sin continuidad entre ambos, puesto que son operaciones distintas y ello implica la pérdida del derecho o la imposibilidad de acogerse a la deducción por inversión en vivienda habitual por el nuevo proceso de financiación.
Un titular de un préstamo hipotecario destinado exclusivamente a la adquisición de su vivienda habitual quiso realizar una ampliación del citado préstamo, sin embargo el banco no realizó su ampliación, sino que cancelándolo en su totalidad concedió un segundo préstamo hipotecario de mayor importe con la misma garantía hipotecaria. Por ello, se plantea si las cantidades satisfechas mensualmente por capital e intereses del nuevo préstamo así como por los gastos ocasionados por el cambio de hipoteca forman parte de la base de deducción por inversión en vivienda.
La base de deducción por inversión en vivienda habitual está formada por las cantidades satisfechas, por cualquier concepto, relacionadas con la adquisición de la misma, por lo que puede formarse, además de con el propio coste de la vivienda, con el importe de los tributos y gastos que origine su adquisición (impuestos directos e indirectos, registro, notario, etc.) y los gastos derivados de la financiación ajena obtenida para atender los anteriores pagos (tasación, constitución de hipoteca, intereses, etc.). De este modo, cuando la adquisición de la vivienda habitual se realiza con financiación ajena, la deducción se practicará a medida que se vaya amortizando el préstamo destinado a su adquisición.
En el caso de que se sustituya un préstamo hipotecario por otro no cabe entender que en ese momento finaliza la inversión correspondiente y se agotan las posibilidades de deducción en la cuota, sino que se produce la simple modificación de las condiciones de financiación inicialmente pactadas, siempre que, evidentemente, el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización del anterior. Por ello, tanto las cuotas de amortización del nuevo préstamo hipotecario, en la parte destinada a la cancelación del anterior, y sus correspondientes intereses junto con la parte proporcional de los gastos de constitución del nuevo préstamo, dan derecho a deducción por adquisición de vivienda habitual, siempre que se cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios exigidos. Por tanto, si éste fuera el caso, la parte de las cuotas mensuales, por amortización e intereses, del nuevo préstamo hipotecario que proporcionalmente corresponda a la cancelación del anterior, en la medida que este se destinó exclusivamente a la adquisición de la vivienda habitual, son susceptibles de formar parte de la base de deducción del período impositivo en que se satisfagan. Igualmente, por lo que se refiere a los gastos ocasionados por el cambio de préstamo hipotecario, son susceptibles de formar parte de la base de deducción del período impositivo en que se satisfagan tanto los gastos generados en la cancelación del préstamo originario, como la parte proporcional que de los gastos de constitución del nuevo préstamo se correspondan con la parte que financia la vivienda.
Otra cuestión distinta sería un supuesto de cancelación, parcial o total, de la deuda y una posterior obtención de crédito, incluso constando como garantía los mismos bienes, sin continuidad entre ambos. De ser así, hay que entender que son operaciones distintas, e implica la pérdida al derecho o la imposibilidad de acogerse a la deducción por inversión en vivienda habitual por el nuevo proceso de financiación.
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DEDUCCION ADQUISICION VIVIENDA HABITUAL

Aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades satisfechas en la adquisición del suelo
MF 1650s.
MIRPF 6656s.
DGT CV 12-5-11
Es posible aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los casos en que se ostente el pleno dominio sobre lo edificado, como ocurre en el supuesto de un derecho de superficie. Si, con posterioridad, el titular del derecho de superficie adquiere el porcentaje de suelo que le corresponde, tendrá, como titular de la propiedad sobre la vivienda, derecho a la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que satisfaga para la adquisición del suelo, siempre que, nuevamente, se cumplan los requisitos establecidos para la práctica de dicha deducción.
Desde el 1-1-2011 para practicar la deducción por inversión en vivienda habitual se introduce un nuevo requisito -la cuantía de la base imponible del ejercicio-, determinante tanto del derecho a la deducción como de la base máxima de deducción correspondiente a cada período impositivo, y se eleva la base máxima de deducción, que pasa de 9.015 euros anuales a 9.040 euros anuales para contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 17.707,20 euros anuales. Los restantes términos y condiciones de la deducción son idénticos a los existentes hasta 31-12- 2010.
Se establece también un régimen transitorio aplicable a la deducción por inversión en vivienda habitual adquirida con anterioridad a 1-1-2011. Este régimen conlleva que los contribuyentes con una base imponible del ejercicio superior a 17.724,90 euros que hubieran adquirido la vivienda habitual con anterioridad a 1-1-2011, tendrán como base máxima de deducción respecto de dicha vivienda la establecida en la redacción en vigor a 31-12-2010, (es decir, 9.015 euros anuales) aun cuando su base imponible sea igual o superior a 24.107,20 euros anuales. Si la base imponible del ejercicio fuera igual o inferior a 17.724,90 no resultaría de aplicación el régimen transitorio, si bien se podría seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual en los mismos términos y condiciones existentes hasta 31-12-2010, con la única salvedad de que la base máxima de deducción oscilaría entre 9.015 euros anuales y 9.040 euros anuales, dependiendo de la cuantía de la base imponible.
Por su parte, el concepto de vivienda habitual del contribuyente a efectos del IRPF considera como tal, con carácter general, “la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años”, salvo fallecimiento del contribuyente o concurrencia de las circunstancias que exijan el cambio de domicilio. Para considerar que la vivienda constituye la residencia habitual desde su adquisición, “debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras”, salvo fallecimiento del contribuyente o concurrencia de otras circunstancias que impidan la ocupación de la vivienda.
El criterio que este Centro Directivo viene manteniendo para la aplicación de los incentivos fiscales relacionados con la inversión en la vivienda habitual del contribuyente, ya sea por su adquisición o rehabilitación, está ligado a la titularidad del pleno dominio del inmueble, bien sea en su totalidad o en una determinada parte indivisa. Conforme a lo anterior, la adquisición de la vivienda debe ser a título de propietario, lo que exige la titularidad sobre el terreno y lo edificado; habiendo considerado este Centro Directivo, también, la posibilidad de aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los casos en que se ostente el pleno dominio sobre lo edificado, como ocurre en el supuesto de un derecho de superficie.
Si, con posterioridad, el titular del derecho de superficie adquiere el porcentaje de suelo que le corresponde, tendrá, como titular de la propiedad sobre la vivienda, derecho a la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que satisfaga para la adquisición del suelo, siempre que, nuevamente, se cumplan los requisitos establecidos en la normativa del Impuesto para la práctica de dicha deducción.
Las cantidades entregadas por el comprador al vendedor en un ejercicio anterior a la adquisición de la propiedad (arras, señal, entregas a cuenta…) sólo pueden originar derecho a la deducción por inversión en vivienda en el ejercicio en que se produce la adquisición si, atendiendo al caso concreto, se desprende del contrato que se aplican a la adquisición de la vivienda en dicho ejercicio.

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Pago de IAE empresas(S.L., S.A.) que facturan mas de 1,000.000,00 €

El inicio del plazo de ingreso en período voluntario de las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2011, comprende desde el día 15-09-2011 al 21-11-2011, ambos inclusive.
En el supuesto de que no hayáis recibido el documento de pago o se hubiese extraviado, podréis efectuar el pago mediante el duplicado que emitirá la Delegación de la Agencia que te corresponda, previa solicitud.
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EMPRESAS DE REDUCIDAS DIMENSIONES

Empresas de reducida dimensión
Aplicación de los incentivos para las Pymes a partir de 2011
MF 3947
MIS 7802s.
MCFC 9710s.
DGT CV 6-5-11
Las modificaciones introducidas por el RDL 13/2010 en el régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión tienen efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2011, de manera que la extensión de la aplicación de dicho régimen fiscal de forma excepcional en los tres períodos impositivos siguientes a aquel período en que se alcanza la cifra de negocios de 10 millones de euros, requiere que este último período impositivo se haya iniciado a partir de dicha fecha.
Una entidad ha obtenido los siguientes importes netos de cifra de negocios en los ejercicios que se detallan:
- Ejercicio 2007: 3.900.000 euros.
- Ejercicio 2008: 4.500.000 euros.
- Ejercicio 2009: 10.500.000 euros.
Con arreglo a estos datos, la entidad perdió la condición de empresa de reducida dimensión en el ejercicio 2010, por haber superado los 8 millones de euros de importe neto de la cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior (LIS art.108 redacc vigente a 31-12-2010).
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2011, se modifica el ámbito de aplicación del régimen fiscal establecido para las empresas de reducida dimensión, de manera que el mismo pasa a aplicarse siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros (LIS art.108.1 redacc RDL 13/2010). Los incentivos fiscales de las Pymes también se aplicarán en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad alcance la cifra de negocios de 10 millones de euros, siempre que la entidad haya cumplido las condiciones para ser considerada como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este último (LIS art.108.4 redacc RDL 14/2010).
Las modificaciones introducidas por el RDL 13/2010 en el régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión tienen efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2011, de manera que la extensión de la aplicación de dicho régimen fiscal de forma excepcional en los tres períodos impositivos siguientes a aquel período en que se alcanza la cifra de negocios de 10 millones de euros, requiere que este último período impositivo se haya iniciado a partir de dicha fecha.
En el caso expuesto, el período impositivo en el que se alcanza el referido importe de la cifra de negocios es el correspondiente al ejercicio 2009, esto es, anterior a la entrada en vigor de la citada modificación, por lo que la nueva regulación establecida en la LIS art.108 redacc RDL 14/2010no resulta aplicable.
Por tanto, la aplicación del régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión a la entidad en los ejercicios 2011 y 2012 requerirá que la cifra de negocios en los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, sea inferior a 10 millones de euros.

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NUEVAS MEDIDAS PARA FAVORECER LA CAPITALIZACION DE NUEVAS EMPRESAS O DE RECIENTE CREACIÓN

Hecho imponible
Nuevas medidas para favorecer la capitalización de empresas de nueva o reciente creación
MF 92, 920s.
MIRPF 1080, 4971s.
LIRPF art.33.4 y disp. adic. 33ª redacc RDL 8/2011 art.14, BOE 7-7-11
Con efectos a partir del 7-7-2011, se establece un nuevo supuesto de exención aplicable a las ganancias patrimoniales derivadas de determinadas transmisiones de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.
Se declaran exentas en el IRPF las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de las acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación que cumplan los requisitos que a continuación se detallan, cuyo valor total de adquisición no exceda, para el conjunto de entidades, de 25.000 euros anuales, ni de 75.000 euros por entidad durante todo el período de tres años de que dispone el contribuyente para su adquisición.
Para poder aplicar la exención, la entidad debe cumplir los siguientes requisitos durante todos los años de tenencia de la acción o participación:
1. Revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral.
2. No estar admitida a cotización en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Dir 2004/39/CE.
3. Desarrollar una actividad económica y utilizar para la ordenación de la misma al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. La empresa no puede tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos de la LIP art.4.8.dos.a en ninguno de los períodos impositivos concluidos con anterioridad a la transmisión de la participación.
4. No tener ninguna relación laboral ni mercantil, al margen de la condición de socio, con el contribuyente que transmite las acciones o participaciones.
5. Adicionalmente, en los períodos impositivos de la entidad en los que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones, el importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no puede superar los 200.000 euros. Si la entidad forma parte de un grupo de sociedades en el sentido mercantil (CCom art.42), con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe de los fondos propios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
Asimismo, para poder aplicar la exención, deben cumplirse estas condiciones:
a. El contribuyente debe adquirir las acciones o participaciones a partir del 7-7-2011, bien en el momento de la constitución de la entidad o mediante una ampliación de su capital efectuada en los tres años siguientes a su constitución, contados de fecha a fecha, aunque se trate de entidades ya constituidas con anterioridad al 7-7-2011.
b. El grado de participación del contribuyente, unido al que posea en la misma entidad su cónyuge o cualquier pariente del contribuyente en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado incluido, no puede superar durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación el 40% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.
c. El tiempo de permanencia de la acción o participación en el patrimonio del contribuyente debe ser superior a tres años e inferior a diez, contados de fecha a fecha.
A efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos a la entidad, la identificación de sus accionistas o partícipes, el porcentaje y período de tenencia de la participación, esta deberá presentar una declaración informativa con el contenido que reglamentariamente se establezca, en el modelo, plazo y forma de presentación que determine el Ministro de Economía y Hacienda.
No están exentas las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación en los siguientes supuestos:
- En el caso de participaciones suscritas por el contribuyente con el saldo de la cuenta ahorro-empresa. Estas participaciones tampoco se tienen en cuenta para el requisito del porcentaje de participación no superior al 40% anteriormente referido.
- Cuando se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.
- Cuando las acciones o participaciones se transmitan a una entidad vinculada con el contribuyente, su cónyuge, cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado incluido, o un residente en un país o territorio considerado como paraíso fiscal.
- Si el contribuyente adquiere valores homogéneos en el año anterior o posterior a la transmisión de las acciones o participaciones, no procediendo en este caso la exención respecto de los valores que como consecuencia de dicha adquisición permanezcan en el patrimonio del contribuyente.

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Tributación de la condonación de deuda.

Gastos
Tributación de la condonación de deudas
MF 2560s.
MIS 700s.
MCFC 7065s.
TS 10-2-11, EDJ 11710
La condonación parcial de deudas sin intentar previamente su cobro se considera una liberalidad.
Una sociedad condona a otra un crédito a cambio de percibir una cantidad de forma inmediata. Inicialmente considera que el gasto derivado de la condonación no es deducible, pero posteriormente considera que sí lo es, al tratarse de un gasto correlacionado con la obtención de un ingreso (la parte cobrada de forma inmediata), por lo que solicita la rectificación de la autoliquidación. Como la Administración no se la concede, al considerar que la sociedad no ha ejercitado ninguna acción legal para el cobro de dicha deuda, recurre, llegando hasta el TS.
En este sentido el Alto tribunal considera que la renuncia o condonación parcial de un crédito, es una disposición gratuita parcial de la deuda a favor del deudor, que carece de función retributiva y por la que el acreedor no ha obtenido contraprestación alguna, por lo que su calificación jurídica debe ser la de donación (CC art.1187), de modo que resulta coherente que se interprete como una liberalidad.
Adicionalmente establece que el crédito inicial era un ingreso fiscal, que conforme al criterio general del devengo, debió reflejarse en la cuenta de pérdida y ganancias aunque no se haya cobrado. En el supuesto de riesgo de cobro, esta circunstancia debió reflejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, a través de la correspondiente provisión para insolvencias (actualmente pérdida por deterioro). Así, la parte que se cobró del crédito a la otra sociedad con la condonación parcial del crédito es un ingreso previo, existente y exigible, por lo que en la operación de condonación parcial no existe ningún gasto relacionado con la actividad económica de la empresa.

NOTA
Aunque la sentencia se refiere a la anterior normativa del IS (L 61/1978), consideramos que el criterio resulta aplicable según la vigente normativa. No obstante debe tenerse en cuenta que el supuesto planteado no debe equiparse a la quita concursal, en el que se considera que no existe liberalidad.

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Aplicación tipo reducido impuesto sociedades

Nueva Consulta Ver Consulta

.EN NUM-CONSULTA (V0137-11)

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NUM-CONSULTA V0137-11

ORGANO 1SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas

FECHA-SALIDA 28/01/2011

NORMATIVA TRLIS RD Leg 4/2004, D.A. 12ª.

DESCRIPCION-HECHOS La entidad consultante fue constituida con anterioridad al 1 de enero de 2008 y su ejercicio económico coincide con el año natural. Durante el ejercicio 2009, la consultante manifiesta haber cumplido con los requisitos legales exigidos para la aplicación del tipo impositivo reducido por mantenimiento o creación de empleo regulado en la Disposición adicional duodécima del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. de 11 de marzo de 2004), en adelante TRLIS. En el ejercicio 2010 la plantilla media no superará a la del ejercicio 2008.

CUESTION-PLANTEADA 1. Si en el ejercicio 2010, procede o no regularizar el tipo impositivo aplicado en el ejercicio 2009, y de ser así, momento y modo de llevarlo a cabo.
2. Posibilidad de aplicar el tipo impositivo reducido en el ejercicio 2011.

CONTESTACION-COMPLETA 1. La disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, introducida mediante la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, establece lo siguiente:

“1. En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010 y 2011, las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley deban tributar a un tipo diferente del general:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 por 100.
En los periodos impositivos iniciados dentro del año 2011, este tipo se aplicará sobre la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.
b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 por 100.
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, se aplicará lo establecido en el último párrafo del artículo 114 de esta Ley.
2. La aplicación de la escala a que se refiere el apartado anterior está condicionada a que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009.
Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período.
Los requisitos para la aplicación de la escala se computarán de forma independiente en cada uno de esos períodos impositivos.
En caso de incumplimiento de la condición establecida en este apartado, procederá realizar la regularización en la forma establecida en el apartado 5 de esta disposición adicional.
3. (…).
4. (…).
5. Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2009, 2010 ó 2011 y la plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad, la escala establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional se aplicará en el período impositivo de constitución de la entidad a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión de ese período impositivo la plantilla media no sea inferior a la unidad.
Cuando se incumpla dicha condición, el sujeto pasivo deberá ingresar junto con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento el importe resultante de aplicar el 5 por 100 a la base imponible del referido primer período impositivo, además de los intereses de demora.
6. (…).”

Con arreglo a lo anterior, será necesario que la plantilla media de la consultante durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de los períodos impositivos en que se cumplan los requisitos previstos en el apartado 1 de la D.A. 12ª del TRLIS, previamente transcrito, sea superior o igual a la unidad y que, a su vez, no sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009.

Dado que la disposición adicional duodécima del TRLIS hace referencia al mantenimiento o creación de empleo, la aplicación de la escala de gravamen reducida únicamente exige mantener, no necesariamente superar, la plantilla media habida durante los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009. Dado que, en el supuesto concreto planteado, el período impositivo coincide con el año natural y que la sociedad consultante ha sido creada con anterioridad a 1 de enero de 2009, la plantilla media que deberá mantener durante cada uno de los períodos impositivos en que resulte de aplicación la mencionada escala de gravamen reducida (2009, 2010 y 2011) será la existente durante el año 2008.

En el supuesto planteado, parece deducirse que la plantilla media de la consultante en el ejercicio 2010 será inferior a la plantilla media del ejercicio 2008. En tal caso, dado que de acuerdo con lo establecido en dicha disposición adicional los requisitos exigidos se computarán de forma independiente en cada uno de esos tres ejercicios, ello supondría que de incumplirse dichos requisitos en el ejercicio 2010 ello supone que la escala reducida establecida en esta disposición adicional duodécima del TRLIS no sería de aplicación al periodo impositivo correspondiente al ejercicio 2010, sin que ello afecte a la aplicación de dicha escala en los ejercicios 2009 y 2011, de cumplirse en estos dos ejercicios los requisitos exigidos para ello.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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¿Qué obras son deducibles en la renta 2010?

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NUM-CONSULTA V2591-10

ORGANO SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

FECHA-SALIDA 30/11/2010

NORMATIVA LIRPF, 35/2006, Art. 68.1 3º y D. A. 29ª.
RIRPF, RD 439/2007, Art. 54.

DESCRIPCION-HECHOS El consultante, durante el año 2010, ha realizado obras en su vivienda habitual, consistentes en el cambio de las ventanas por deterioro. Igualmente, tiene pensado invertir en instalaciones de calefacción (calderas de biomasa o de pellets), para conseguir un ahorro energético y mejorar los suministros actuales.

CUESTION-PLANTEADA Aplicabilidad de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual a las citadas inversiones.

CONTESTACION-COMPLETA Mediante el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (BOE de 13 de abril y entrada en vigor el 14 de abril de 2010), se ha añadido una disposición adicional vigésima novena en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, en la que se regula la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual. Dicha disposición adicional vigésima novena dispone:
“1. Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 53.007,20 euros anuales, podrán deducirse el 10% de las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2010 hasta el 31 de diciembre de 2012 por las obras realizadas durante dicho período en la vivienda habitual o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda habitual del contribuyente.
No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.
La base máxima anual de esta deducción será de:
a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 33.007,20 euros anuales: 4.000 euros anuales,
b) cuando la base imponible esté comprendida entre 33.007,20 y 53.007,20 euros anuales: 4.000 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre la base imponible y 33.007,20 euros anuales.
Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.
A tal efecto, cuando concurran cantidades deducibles en el ejercicio con cantidades deducibles procedentes de ejercicios anteriores que no hayan podido ser objeto de deducción por exceder de la base máxima de deducción, el límite anteriormente indicado será único para el conjunto de tales cantidades, deduciéndose en primer lugar las cantidades correspondientes a años anteriores.
En ningún caso, la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en que ésta sea de aplicación podrá exceder de 12.000 euros por vivienda habitual. Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de 12.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción, las cantidades satisfechas por las que el contribuyente practique la deducción por inversión en vivienda habitual a que se refiere el artículo 68.1 de esta Ley.”.
En cuanto al concepto de vivienda habitual del contribuyente, éste se encuentra regulado en el artículo 68.1.3º de la LIRPF y, en su desarrollo, en el artículo 54 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en adelante RIRPF, que considera como tal con carácter general “la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años”, salvo fallecimiento del contribuyente o concurrencia de las circunstancias que exijan el cambio de domicilio referidas en el apartado 1 de dicho artículo. Para considerar que la vivienda constituye la residencia habitual del contribuyente desde su adquisición, “debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras”, salvo fallecimiento del contribuyente o concurrencia de otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, a las que se refiere el propio artículo 54.
De dichos preceptos se desprende que la consideración de vivienda habitual, con el alcance que de ella establece el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, requiere la concurrencia en el contribuyente de dos requisitos: la adquisición de su pleno dominio, aunque éste fuera compartido, y que constituya o vaya a constituir su residencia habitual durante un plazo continuado de, al menos, tres años.
En relación con el requisito de que las obras tengan por objeto alguno de los señalados en la disposición adicional vigésima novena de la LIRPF, el apartado 2 del artículo 58 del mencionado Real Decreto 2066/2008 establece que “se considerarán actuaciones para la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente en los edificios y viviendas y la utilización de energías renovables, las siguientes:
(…).
b. Mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética, mediante actuaciones como el incremento del aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, siempre que se demuestre su eficacia energética, considerando factores como la severidad climática y las orientaciones.
c. Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia energética o la utilización de energías renovables.
(…).”
En consecuencia, la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual se podrá aplicar, siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos por la normativa, por obras que tengan por objeto sustituir carpinterías y acristalamientos de los huecos –ventanas- de la vivienda habitual, siempre que pueda demostrarse su eficacia energética, y por las obras que supongan una mejora en el sistema de instalación térmica de la vivienda habitual que incrementen su eficiencia energética o supongan la utilización de energías renovables, como sería el caso de la instalación de una caldera de biomasa o pellets.
Lo anterior es una cuestión de hecho cuya valoración no corresponde a este Centro Directivo sino a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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